El próximo día 20 de noviembre estamos todos convocados a las urnas. Con este motivo, los obispos ofrecemos a los católicos y a cuantos deseen escucharnos algunas consideraciones que ayuden al ejercicio responsable del deber de votar. Es nuestra obligación de pastores.
En su discurso sobre los fundamentos del derecho, pronunciado en septiembre ante el Parlamento federal de Alemania, el Papa recordaba que “el cristianismo nunca ha impuesto al Estado y a la sociedad un derecho revelado, un ordenamiento jurídico derivado de una revelación. Se ha referido, en cambio, a la naturaleza y a la razón como verdaderas fuentes del derecho”. Nosotros hacemos nuestras consideraciones desde ese horizonte de los fundamentos prepolíticos del derecho, sin entrar en opciones de partido y sin pretender imponer a nadie ningún programa político. Cada uno deberá sopesar, en conciencia, a quién debe votar para obtener, en conjunto, el mayor bien posible en este momento. No se podría hablar de decisiones políticas morales o inmorales, justas o injustas, si el criterio exclusivo o determinante para su calificación fuera el del éxito electoral o el del beneficio material. Esto supondría la subordinación del derecho al poder. Las decisiones políticas deben ser morales y justas, no sólo consensuadas o eficaces; por tanto, deben fundamentarse en la razón acorde con la naturaleza del ser humano. No es cierto que las disposiciones legales sean siempre morales y justas por el mero hecho de que emanen de organismos políticamente legítimos.
No actúan de modo conforme con la verdadera libertad quienes “creyéndose dioses, piensan no tener necesidad de más raíces y cimientos que ellos mismos; desearían decidir por sí solos lo que es verdad o no, lo que es bueno o malo, lo justo o lo injusto; decidir quién es digno de vivir o puede ser sacrificado en aras de otras preferencias; dar a cada instante un paso al azar, sin rumbo fijo, dejándose llevar por el impulso de cada momento”. Por todo ello, hemos de llamar de nuevo la atención sobre el peligro que suponen determinadas opciones legislativas que no tutelan adecuadamente el derecho fundamental a la vida de cada ser humano, desde su concepción hasta su muerte natural, o que incluso llegan a tratar como un derecho lo que en realidad constituye un atentado contra el derecho a la vida. Son también peligrosos y nocivos para el bien común ordenamientos legales que no reconocen al matrimonio en su ser propio y específico, en cuanto unión firme de un varón y una mujer ordenada al bien de los esposos y de los hijos. Es necesario promover nuevas leyes que reconozcan y tutelen mejor el derecho de todos a la vida, así como el derecho de los españoles a ser tratados por la ley específicamente como “esposo” y “esposa”, en un matrimonio estable, que no quede a disposición de la voluntad de las partes ni, menos aún, de una sola de las partes.
La grave crisis económica actual reclama políticas sociales y económicas responsables y promotoras de la dignidad de las personas, que propicien el trabajo para todos. Pensamos en tantas familias, carentes de los medios necesarios para subvenir a sus necesidades más básicas. Pensamos también en el altísimo porcentaje de jóvenes que nunca han podido trabajar o que han perdido el trabajo y que, con razón, demandan condiciones más favorables para su presente y su futuro. Son necesarias políticas que favorezcan la libre iniciativa social en la producción y que incentiven el trabajo bien hecho, así como una justa distribución de las rentas; que corrijan los errores y desvíos cometidos en la administración de la hacienda pública y en las finanzas; que atiendan a las necesidades de los más vulnerables, como son los ancianos, los enfermos y los inmigrantes. El ordenamiento jurídico debe facilitar el ejercicio efectivo del derecho que asiste a los niños y jóvenes a ser educados de modo que puedan desarrollar lo más posible todas sus capacidades. Debe evitar imposiciones ideológicas del Estado que lesionen el derecho de los padres a elegir la educación filosófica, moral y religiosa que deseen para sus hijos. En cambio, ha de ser facilitada la justa iniciativa social en este campo. La presencia de la enseñanza de la religión y moral católica en la escuela estatal - como asignatura fundamental opcional - es un modo de asegurar los derechos de la sociedad y de los padres que exige hoy una regulación más adecuada para que esos derechos sean efectivamente tutelados.
Recordamos de nuevo que se reconoce la legitimidad moral de los nacionalismos o regionalismos que, por métodos pacíficos, desean una nueva configuración de la unidad del estado español. Y también, que es necesario tutelar el bien común de la nación española en su conjunto, evitando los riesgos de manipulación de la verdad histórica y de la opinión pública por causa de pretensiones separatistas o ideológicas de cualquier tipo. Una sociedad que quiera ser libre y justa no puede reconocer explícita ni implícitamente a una organización terrorista como representante político de ningún sector de la población, dado que el terrorismo es una práctica intrínsecamente perversa, del todo incompatible con una visión justa y razonable de la vida. Son necesarias políticas guiadas por la búsqueda sincera de la paz, basadas en el respeto al derecho, nacional e internacional, así como en la promoción del entendimiento y de la solidaridad entre los pueblos y las culturas.
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