Los obispos han estudiado el Proyecto de Ley Reguladora de los Derechos de la persona ante el proceso final de la vida y han aprobado una amplia Declaración. En ella, los obispos recuerdan las numerosas ocasiones en las que la Conferencia Episcopal Española ha hecho oír su voz para anunciar el Evangelio de la Vida, según el cual “la vida de cada persona es sagrada, también cuando es débil, sufriente o se encuentra al final de su tiempo en la tierra” y que “las leyes han de proteger siempre su dignidad y garantizar su cuidado”.
En la Declaración se reconoce la intención laudable del Proyecto, que, según se explicita en el propio texto legal, es proteger la dignidad de la persona en el final de la vida sin despenalizar la eutanasia. Sin embargo, los obispos señalan que “una concepción de la autonomía de la persona, como prácticamente absoluta, y el peso que se le da a tal autonomía en el desarrollo de la Ley acaban por desvirtuar la intención declarada y por sobrepasar el límite propuesto de no dar cabida a la eutanasia”. El propio concepto de dignidad humana queda negativamente afectado, “puesto que parece sostenerse implícitamente que una vida humana podría carecer de dignidad tutelable en el momento en el que así lo dispusiera autónomamente la parte interesada e incluso eventualmente un tercero”.
El texto aprobado por los obispos señala también que el Proyecto de Ley emplea una definición reductiva del concepto de eutanasia, con la que se deja la puerta abierta a ciertas omisiones voluntarias que pueden causar la muerte o que buscan de modo directo su aceleración. Se señalan algunas conductas eutanásicas a las que se daría cobertura legal como, por ejemplo, la posible sedación inadecuada, el abandono terapéutico o la omisión de los cuidados debidos.
La Declaración episcopal se muestra crítica con el trato que recibe en la Ley el derecho humano fundamental de libertad religiosa, con el hecho de que los profesionales de la sanidad queden prácticamente reducidos a ejecutores de la voluntad de los pacientes y con que no les sea reconocido el derecho a la objeción de conciencia.
Por último, el texto vuelve a proponer un modelo de Testamento Vital, acorde con la Doctrina Católica, que es una redacción actualizada del que ya ofreció en su momento la propia Conferencia Episcopal Española.
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